Los derechos sociales ayudan, pero no resuelven

Guillermo Tagle

Muy activa ha sido la agenda de propuestas sociales que buscan mejorar la calidad de vida de quienes viven en vulnerabilidad y necesitan apoyo para alcanzar condiciones adecuadas al nivel de desarrollo de Chile.

Frente a la efervescencia social, que ha expuesto una amplia gama de demandas al Estado de Chile, la agenda política de Gobierno y legisladores se ha abocado a proponer y aprobar medidas que -con urgencia- puedan atender las necesidades de quienes hoy no viven bien. Siendo muy válida y necesaria esta urgencia, es importante tener en cuenta que la distribución de recursos desde el Estado hacia quienes lo requieren, alivia la necesidad, reduce el sufrimiento, pero no resuelve el problema de fondo, que es la condición de vulnerabilidad y pobreza. La pobreza se alivia cuando se reciben beneficios del Estado, pero permanece y se prolonga.

Un Estado responsable, que aprueba nuevos beneficios sociales para la población, tiene que buscar fuentes de financiamiento que lo sustenten. En un primer momento la más fácil y rápida solución es tratar de aumentar la recaudación fiscal, vía incrementos de la carga tributaria (además de elevar endeudamiento, si hay espacio razonable). Se trata de captar recursos de quienes tienen más, vía nuevos y mayores tributos, para distribuirlos entre los más necesitados.

Si bien esta parece la estrategia “obvia”, lo cierto es que los más pobres viven mejor con el apoyo de programas sociales, pero en el largo plazo la pobreza se supera radicalmente y en forma permanente, accediendo a una fuente de trabajo estable, con un salario varias veces superior al mínimo, que le permita financiar con su propio esfuerzo una vida de calidad para su grupo familiar, además de ahorrar para eventuales imprevistos. La pobreza sólo se supera en forma definitiva, cuando el individuo logra depender de sí mismo y es capaz de forjar su propio destino. Este es el desafío real, que no se nos puede olvidar.

Dos tareas principales debe abordar el Estado, para permitir a sus ciudadanos progresar en calidad de vida y quedar a salvo de cualquier eventual vulnerabilidad.

En primer lugar, es fundamental mejorar y hacer más eficientes todos los servicios públicos, que consumen recursos del Estado y que deben proveer atención de calidad a toda la comunidad. Segundo, se deben generar las condiciones necesarias para estimular la inversión, promover crecimiento económico, facilitar la promoción del emprendimiento y el surgimiento de nuevas fuentes de actividad, que incentiven la creación de empleos bien calificados y bien remunerados.

Lamentablemente hasta aquí, la urgencia sólo ha permitido focalizar el esfuerzo en lo fácil, asumir compromisos de mayores beneficios sociales y subir impuestos para financiarlos. Pero si no actuamos con urgencia en la búsqueda de generar confianza, estímulos y motivación para que mejore y se reactive la actividad económica, estaremos enfrentando crecientemente el riesgo de convertirnos en un país con múltiples protecciones sociales, pero con un Estado desfinanciado e incapaz de proveerlas.

Resolver la sensación de falta de seguridad pública y acotar el ámbito en el cual se podría producir la eventual discusión Constitucional es esencial para que el proceso iniciado en Chile el 18/O, culmine con un país mejor organizado y socialmente reconciliado. La historia de países cercanos que equivocaron ese camino ya la conocemos; es fundamental evitar que sea ése nuestro epílogo.